En los últimos tiempos estamos asistiendo a un ajuste de las políticas de orden público impulsadas por los estados con regímenes parlamentarios, que en la práctica supone un constante recorte en materia de libertades, ya sea de expresión, reunión o manifestación, así como una permanente criminalización de los movimientos populares y sociales. Se intensifica el tratamiento represivo de aquellas formas de participación política que escapan a los canales institucionales.

Estas medidas se concretan en multitud de sanciones gubernativas por ejercer los derechos políticos de manifestación o expresión, así como una extensa relación de personas identificadas, detenidas, apaleadas o heridas, en las manifestaciones desarrolladas en los últimos meses en Barcelona, Madrid, País Vasco y otros lugares del estado.

En este contexto, la criminalización de los movimientos sociales y populares afecta a todo el estado, habiéndose iniciado macroprocesos judiciales contra varias organizaciones políticas y sociales del País Vasco, acusadas de relaciones con la actividad armada de ETA, aunque esos procesos están criminalizando ideas, fundamentalmente el independentismo.

La existencia de una legislación especial "antiterrorista" en el estado español, ha sido denunciada en numerosas ocasiones por organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos, entre otras Amnistía Internacional, por provocar la indefensión de los detenidos y amparar las prácticas de malos tratos y torturas.

También son de destacar las campañas de criminalización que se lanzan desde el poder político y policial, muy bien orquestadas desde la prensa, contra los movimientos sociales, como el de okupación, de antiglobalización, la prensa alternativa, etc... El objetivo es desprestigiar los movimientos sociales contestatarios y participativos mediante la etiqueta de " violentos ", amplificada convenientemente por los medios de comunicación.

El Gobierno del PP lejos de asumir los efectos negativos de sus políticas, no sólo no incluye en su agenda las propuestas sociales que dichos movimientos expresan, sino que trata de borrarlas del mapa.

El grado de represión policial en el espacio europeo, tras la represión de Praga, Davos y Goteborg, ha alcanzado su punto álgido en la reunión del G-8 el pasado Julio en Génova, con el joven italiano Carlo Giuliani asesinado por la policía, además de centenares de detenidos, heridos, torturados, etc...

Las débiles medidas tomadas por el Gobierno italiano sobre alguno de los mandos policiales que organizaron la brutal represión contra los manifestantes antiglobalización, contrastan con las fuertes disposiciones para restringir la circulación libre de las personas en el marco de la Unión Europea, estableciendo prohibiciones a personas o grupos de otros países o suspendiendo temporalmente el derecho de libre circulación de las personas en el marco de la Unión Europea, como ya se ha realizado en Génova.

La Presidencia de la Unión Europea por el Gobierno español, en el primer semestre del 2002, pudiera suponer un incremento de las medidas policiales de control y hostigamiento de los integrantes de colectivos, redes y organizaciones de izquierda social, que intentan hacer visible la relación entre los problemas sociales y las políticas que posibilitan la moneda única europea.

De hecho, el Gobierno del PP ya prepara su Presidencia. La reciente presentación en el Parlamento europeo por los representantes del Gobierno español, de una ley de extradición que elimine las garantías jurídicas que ahora existen y que sea aplicable a todos los países de la Unión Europea, así como apostar por un espacio policial y judicial que afecte a todo el marco europeo, son ejemplos claros de las pretensiones del gobierno español ante su Presidencia.

El oportunismo político del PP, buscando ayuda exterior para tratar de resolver su problema interno en clave policial ( incluido el cruel e interminable conflicto político que existe en Euskadi ) no se limita a Europa. Estos últimos días hemos visto al Presidente del Gobierno demostrando su vasallaje al amo norteamericano y apuntándose a la santa alianza occidental ( con la OTAN en primera línea ) que va a combatir a los disidentes, calificados como terroristas, allá donde se encuentren.

La estructura de la Unión Europea está basada en los llamados " tres pilares " : El primero es el de las Comunidades Europeas, cuyo nexo de unión fundamental es la unión económica y monetaria.

El segundo, se refiere a la política exterior y de seguridad común y el tercero, a la cooperación en materia de seguridad interior y política judicial, para lograr un espacio de " libertad, seguridad y justicia ", según la propaganda institucional de la Unión Europea.

Las medidas represivas implementadas desde los diferentes estados-nación, no son ajenas a las políticas de justicia e interior diseñadas desde los despachos de la Unión Europea, máxime cuando uno de los criterios básicos que han de cumplir los países que forman o quieran formar parte de la UE, es el de contar con una economía de mercado operativa. Ya sabemos qué significa la denominada economía libre de mercado, basada en el poder del dinero, respecto a la generación constante de precarización, desempleo, marginación, hambre, violencia estructural, etc... que afecta a la mayoría de la población del planeta.

La Unión Monetaria Europea necesita unas políticas determinadas de interior y justicia que regulen los flujos migratorios a sus necesidades económicas, y reprima aquellos hechos que puedan alterar la estabilidad monetaria de la zona "euro", ya sea la inmigración, la disidencia política o las movilizaciones sociales fuera del control institucional. Estas políticas se han ido implementando de manera paulatina a través de acuerdos y Convenios: Grupo de Trevi ( 1976 ); Acuerdo de Schengen ( 1985 ); Convenio de Dublín ( 1990 ); Maastricht ( 1992 ); Londres ( 1992 ); Copenhague ( 1993 ) y Tratado de Amsterdam en 1997.

Especial mención merece EUROPOL ( que surge del Tratado de Maastricht aunque empieza a desarrollar su labor a partir de julio de 1999 ). Con sede en La Haya, es un centro de coordinación policial dedicado al análisis y difusión de información. El elemento más importante de Europol es una inmensa base de datos informáticos que vendría a facilitar la localización y seguimiento de sospechosos, delincuentes notorios y objetos robados. De manera inmediata proporcionará acceso a millones de ficheros de datos compartidos a las diferentes policías de los estados de la UE.

¿ Quién controla a quienes nos controlan desde el Sistema informático de Europol ? ¿Quién controla el uso de esos datos para las materias competenciales que formalmente tiene encomendadas Europol ? Sencillamente NADIE. La Asociación de Abogados Europeos Demócratas, ha denunciado que Europol está intercambiando, sin justificación alguna, datos de ciudadanos entre las policías de los 15 estados que la integran.

En realidad, bajo la retórica que nos habla de vivir en un espacio de libertad, seguridad y justicia, se esconde un espacio donde predomina el conflicto social, que difícilmente rompe los altos muros de la opacidad mediática pero que por su existencia, obliga a los poderosos a un aumento de las medidas represivas, incrementando para ello los destacamentos policiales y militares.

La Campaña contra la Europa del Capital y la Globalización Económica que se prepara para el 1er. Semestre del 2002, es una buena ocasión para potenciar localmente los movimientos sociales, en una campaña que atraviese toda la sociedad y que ponga en cuestión la Moneda Unica, como expresión monetaria de un orden social injusto y violento. Por la regeneración de la democracia, el respeto de los Derechos Humanos y la defensa de las libertades civiles.

JOSE MANUEL HERNANDEZ. Abogado. CAES.